La moratoria concursal puesta en marcha en marzo de 2020 finalizó el pasado 30 de junio, tras tres prórrogas. La medida se tomó para frenar las declaraciones de quiebra de las empresas ante la situación provocada por la COVID-19. Las consecuencias de la pandemia y del final de la moratoria, como veremos, se han notado, sobre todo, en el sector de la construcción.
Según datos de Iberinform, de enero a junio de este año, el sector inmobiliario y el de la construcción se llevaron un 24% del total de las disoluciones declaradas, ascendiendo las de este último a 3.934. No obstante, solo en el mes de julio, una vez finalizada la última moratoria el mes anterior, se declararon muchas más proporcionalmente: 1.725 disoluciones, además de 133 concursos de acreedores.
Las causas apuntadas por los expertos para explicar tales cifras son, principalmente, la falta de mano de obra y el incremento de los precios de las materias primas, que además se vio acrecentado tras la invasión de Ucrania por Rusia.
Según datos de la la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el sobrecoste para las empresas constructoras antes de la guerra ya se había puesto en un 22,2%, y se elevó al 33,3% con el advenimiento del conflicto armado. Algunos ejemplos de este encarecimiento, según datos del INE, para el periodo comprendido entre marzo de 2021 y el mismo mes del año anterior, serían: el aumento del precio de la energía en un 84%, el de los materiales siderúrgicos en un 44,3% o el de la cerámica, en un 39,6%.