Nuevo modelo de residencias para mayores en España

Por Arquintro
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El Ministerio de Derechos Sociales, que encabeza Ione Belarra, y los responsables autonómicos han cerrado un acuerdo para reformar el actual modelo de residencias para mayores en España. Los escándalos que han saltado a los medios de comunicación en los últimos años y, sobre todo, la situación vivida durante la pandemia han puesto sobre la mesa la necesidad de replantearse cómo estamos dejando que las personas mayores pasen los últimos años de su vida. La nueva propuesta, si bien presenta las típicas y justificadas objeciones por necesidad de presupuesto para llevarla a cabo de manera efectiva, pretende humanizar dichos espacios para que sean algo más que aparcaderos de gente a la espera de su fin.

Las principales características del nuevo plan son la limitación del número de plazas por centro, el incremento del personal y una minimización de la rotación de este. Se trata de convertirlos en lugares más humanos, en la línea de las residencias de otros países europeos. La intención de la ministra es generar espacios más familiares y habitables en los que, por ejemplo, se dejará que los residentes decidan sobre la decoración de las estancias, haciéndolas, así, menos impersonales.

La principal polémica que ha despertado esta iniciativa se refiere al número máximo de plazas permitidas para cada centro: 75 para los centros ubicados en el medio rural, 90 para zonas con una densidad de población media y 120 para las urbes de mayor tamaño. Las residencias con mayor capacidad deberán compartimentarse en unidades autónomas que no superen el máximo establecido y que actuarán como si fueran centros independientes. Cada unidad deberá contar con su propia plantilla y con servicios comunes (como cocina y comedor). Dado que la propuesta tiene carácter retroactivo (no se aplicará solo a las residencias de nueva construcción, sino también a las ya existentes) los detractores aducen que esta condición solo será aplicable en aquellos centros cuyas condiciones arquitectónicas lo hagan posible y que la consideran, por tanto, en muchos casos, inviable. Además, indican que las residencias acordes con el nuevo modelo no serán económicamente sostenibles.

Los centros ya existentes tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2029 para acometer las reformas necesarias para adaptarse al nuevo plan. Respecto a las residencias en construcción, ahora hay en España obras en marcha para acoger a 38.500 ancianos y las patronales del sector están denunciando que el plan puede provocar la paralización de una buena parte de estas inversiones debido, dicen, a la «inseguridad jurídica» que implican los cambios.

Tras consultas con expertos, la ministra alega que se concede prioridad al bienestar de los mayores frente a los intereses de las empresas particulares implicadas.

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