La Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada recientemente, busca garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para todos los ciudadanos. Con el objetivo de ayudar a los colectivos más vulnerables, esta ley implementa medidas como establecer un límite en el precio del alquiler y fomentar la construcción de viviendas públicas.
El proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y posteriormente por el Congreso el 27 de abril de 2023. Finalmente, el Senado lo ratificó el 17 de mayo, y el 25 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado como Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda. Esta legislación forma parte de las reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La ley incluye diversas medidas para aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles, prevenir situaciones de tensión en el mercado de alquiler y facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y colectivos vulnerables.
Entre las medidas destacadas se encuentran el impulso a la construcción de viviendas públicas, la regulación de los parques públicos de vivienda para evitar su venta a fondos de inversión y la extensión del período de calificación de vivienda protegida a un mínimo de 30 años. Además, se establece un porcentaje mínimo del 50% de viviendas en alquiler en los suelos destinados a vivienda protegida, y se incrementan los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida en suelo urbanizable y no consolidado.
La ley también introduce límites al precio del alquiler, ofreciendo beneficios fiscales y urbanísticos para las viviendas de propiedad privada que se alquilen a precios reducidos. Se establece la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado, donde se podrán aplicar medidas de reducción del alquiler. Además, se establece un aumento máximo anual del 3% en los contratos de alquiler vigentes durante el año 2024, y a partir de 2025 se implementará un nuevo índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento.
La ley también busca fortalecer el equilibrio en las relaciones entre arrendadores y arrendatarios, con la introducción de una prórroga extraordinaria de un año en los contratos de arrendamiento en situaciones de vulnerabilidad social o económica. Asimismo, se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y la formalización del contrato serán responsabilidad del arrendador. Se implementan medidas de protección contra desahucios, mejorando la comunicación entre los órganos judiciales y los servicios sociales para brindar una atención rápida a las personas en situación de vulnerabilidad.
Además, se define el concepto de «gran tenedor» y «vivienda vacía» para aplicar medidas específicas. Se considerará «gran tenedor» a aquellos propietarios con cinco o más propiedades residenciales en la misma zona declarada como tensionada, y se establece un recargo en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas que lleven vacías más de dos años, siempre y cuando el propietario tenga un mínimo de cuatro viviendas en esa situación.
Enlace al BOE con el texto íntegro.