El sector de las instalaciones profesionales en Cataluña atraviesa un momento crítico, con retos estructurales que amenazan su sostenibilidad. Así lo plantea Jordi Pifarré, presidente del Gremi de Instaladores de Lleida y actual cabeza visible de la recién constituida CONFICAT (Confederación de Empresas Instaladoras de Cataluña). En una entrevista concedida a C de Comunicación, el dirigente resume las principales urgencias del sector: impagos sistemáticos por parte de las grandes constructoras, un intrusismo generalizado que compromete la seguridad de las instalaciones, la presión constante de una normativa cambiante y, sobre todo, una aguda falta de mano de obra cualificada.
Uno de los problemas más inmediatos es la morosidad. Aunque la ley fija un plazo máximo de pago de 60 días, en la práctica —según Pifarré— las grandes constructoras incumplen sistemáticamente este límite, extendiendo los pagos hasta los 120 o incluso 150 días. Esta práctica compromete la viabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas instaladoras, que ven tensionada su tesorería por trabajos ya ejecutados.
El intrusismo es otro frente abierto. La proliferación de instaladores no homologados, que carecen tanto de la formación técnica como de los permisos necesarios, no solo precariza el sector, sino que también incrementa el riesgo de siniestralidad en los hogares. Para Pifarré, el colectivo necesita una respuesta firme desde la Administración para erradicar estas prácticas que ponen en peligro la seguridad de los usuarios finales.
A todo ello se suma la presión constante que suponen los cambios normativos. El ritmo de actualización de las regulaciones —ya sea en climatización, gas, electricidad o protección contra incendios— resulta difícil de asumir para muchas empresas, especialmente para las de menor tamaño, que no siempre cuentan con los recursos suficientes para adaptarse a tiempo.
Pero si hay un reto que aglutina a todo el colectivo es la escasez de profesionales. Según datos de CONFICAT, el sector necesitaría incorporar al menos un 30% más de trabajadores cualificados respecto a los que actualmente están en activo para poder hacer frente a la demanda vinculada a la transición energética. Y el relevo generacional no está garantizado: cuesta atraer talento joven, y la figura del aprendiz, clave en otras épocas, ha desaparecido prácticamente del mapa.
Para revertir esta tendencia, Pifarré ve en la inmigración una solución realista y necesaria. A su juicio, muchos de los inmigrantes que llegan al país no están cualificados, pero representan una oportunidad para el sector si se les ofrece una formación adecuada. En este sentido, defiende con firmeza el modelo de la FP Dual como herramienta para combinar aprendizaje técnico y experiencia laboral directa en empresas.
Sin embargo, subraya que esta tarea formativa no debe recaer solo en el sistema educativo. Las empresas deben asumir que parte de su responsabilidad pasa por dedicar tiempo y recursos a capacitar a los nuevos trabajadores. Además, pide al Gobierno que reconsidere la normativa que impide que los menores de 18 años puedan trabajar en obras. Recuperar la figura del aprendiz, incluso desde los 16 años, sería —según su planteamiento— un paso determinante para reconstruir la cantera del sector.
En cuanto a la consolidación de CONFICAT, Pifarré asegura que están abiertos a integrar a más gremios dentro de la confederación. Eso sí, no irán a buscarlos. La puerta está abierta para aquellos que compartan sus principios, se ajusten a sus estatutos y vean en el proyecto una plataforma eficaz para defender sus intereses. La prioridad ahora, asegura, es alzar la voz del sector ante la Administración y reclamar las reformas necesarias para garantizar su futuro.
FUENTE: Material Eléctrico.