La fiscalía pide cárcel para los implicados en las obras ilegales del palacio de Doñana

Por Arquintro
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la Palma del Condado, en Huelva, ha dictado la apertura de juicio oral contra el actual subsecretario de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Alberto Sereno Álvarez (entonces, secretario general del CSIC), acusado, junto a seis personas más, de presuntos delitos de prevaricación ambiental y daños al patrimonio histórico por unas obras en el Palacio de Doñana acometidas en 2015. La fiscalía acusa al CSIC, al Ministerio de Industria y al Ayuntamiento de Almonte de abordarlas «con un absoluto desprecio por la condición y protección de que gozaba el inmueble».

Para contextualizar un poco la situación, hay que recordar que el inmueble está levantado en suelo no urbanizable que goza de especial protección, siendo zona A del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), y de protección de grado 1 según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Almonte. Además, está incluido en el catálogo municipal de bienes y espacios protegidos, lo que supone que sólo se pueden autorizar sobre el mismo obras de conservación y mantenimiento, sin posibilidad de alterar ni los materiales ni los acabados. A pesar de contar con todas estas figuras de protección, las obras acometidas incluyeron algunas demoliciones generales, la sustitución de carpintería original de madera por obras de PVC, la supresión de algunos muros y la construcción de tabiques nuevos, el cierres de puertas y la sustitución de ventanas exteriores por nuevas puertas de acceso a habitaciones y la creación de nuevos baños individuales, armarios e instalaciones de aire acondicionado.

Todo comenzó en noviembre de 2014, cuando se publicó en el BOE el concurso de obras para la remodelación del palacio y de la instalación de Infraestructura Científico Técnica Singular (ICTS) de Doñana, con un presupuesto de 1.500.363 euros, cofinanciado con fondos Feder.

En febrero de 2015, el CSIC y Condisa SAU presentaron un primer proyecto básico y de ejecución, que fue supervisado por Alberto Sereno Álvarez. A pesar de que se planteaban derribos en el interior y un porche en el exterior, el proyecto se limitaba a informar que «se presuponía el cumplimiento de la normativa».

Tras recibir un informe negativo del Ayuntamiento, se presentó un segundo proyecto modificado, en el que sólo se suprimía el porche exterior. Más de lo mismo. Aunque se contemplaba el derribo de tabiquería interior, se limitaban a informar de que «se presuponía el cumplimiento de la normativa». Las actuaciones previstas se justificaban con el informe Patologías del palacio, que manifestaba la existencia de humedades, deficiencias de mantenimiento y envejecimiento general del edificio, para las que el proyecto proponía actuaciones de conservación y mantenimiento «no agresivas».

A pesar de no existir una licencia en vigor hasta el momento, el fiscal mantiene que las obras se comenzaron ya entre la presentación de el primer y el segundo proyectos.

Varios informes se presentaron luego de forma sucesiva. Finalmente, el delegado de urbanismo de Almonte, Antonio J. Díaz Trigueros, hizo una propuesta de licencia de obra mayor, que se aprobó en julio de 2015, en la que se hacía constar que no se alteraba el uso del edificio y se obviaban las referencias a las normas de protección específicas para el palacio.

El Ministerio Fiscal pide ahora dos años de prisión para cada uno de los acusados. Además de Sereno Álvarez, se piden responsabilidades al jefe de la oficina de supervisión de proyectos de la subsecretaría del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el director de obra y el arquitecto proyectista, a quienes se les imputan delitos de daños al patrimonio histórico; y al entonces concejal de Urbanismo, Díaz Trigueros, la arquitecta municipal y a la asesora jurídica del ayuntamiento, acusados de supuesta prevaricación ambiental y para los que se pide también inhabilitación especial para desempeñar cargos públicos durante diez años.

Además de señalar a los acusados como responsables directos, la fiscalía ha apuntado al CSIC y a las empresas Novarquía y Condisa Sau como responsables civiles subsidiarios para la reparación del daño en el Palacio de Doñana, reponiéndolo a la situación anterior a la obra ilícita, salvo aquellos aspectos que resulten legalizables. En el supuesto de que no fuera posible, se tendrán que adoptar las medidas que determine la ejecución de la sentencia para la legalización de las obras, de acuerdo con el informe elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Si ninguna de estas opciones fuera posible, la Fiscalía pide que se indemnice al titular del inmueble con la cantidad que determine la sentencia.

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