Unas 400 personas se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Seguridad Social para exigir la jubilación anticipada sin penalización en el sector de la construcción. La protesta, convocada por CC OO y UGT, reclamó que los trabajadores que desempeñan oficios especialmente duros puedan retirarse antes de los 65 años sin ver reducida su pensión, en línea con lo que contempla el futuro reglamento de coeficientes reductores, aún pendiente de aplicación.
“En los próximos días se aprueba el reglamento. El primer sector que debe entrar es la construcción. No vamos a parar hasta que sea una realidad”, advirtió Daniel Barragán, secretario general de CC OO del Hábitat. El dirigente sindical subrayó la urgencia de la medida con datos: más de 126.000 trabajadores mayores de 60 años siguen en obras, andamios y carreteras, y al menos 17.000 superan los 65 años. “Esto no puede seguir así, es una cuestión de lógica y de salud”, zanjó.
Desde UGT FICA, Mariano Hoya apuntó que el pasado año se produjeron más de 86.000 accidentes laborales en el sector, con un aumento de la siniestralidad del 65% en los últimos tres años. “No se puede tener a gente con 73 años en una obra. Queremos la jubilación a los 60”, exigió, dirigiéndose directamente a la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz. Hoya cargó con dureza contra la patronal, a la que acusó de desentenderse del problema: “Les importa un pimiento que los trabajadores se maten. Si no se sientan a negociar, nos van a tener enfrente”.
A diferencia de otros sectores como el transporte, donde los empresarios sí han apoyado la anticipación del retiro pese al sobrecoste en cotizaciones, la principal patronal de la construcción se opone frontalmente. Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), argumentó que el sistema planteado —basado en una sobrecotización para compensar el gasto extra en pensiones— no es asumible para las empresas. “No es ni el momento ni la manera”, afirmó, reclamando que sea la propia Seguridad Social quien asuma el coste.
El diseño del reglamento, sin embargo, busca precisamente lo contrario: que el impacto sea neutro para las arcas públicas, en un contexto de presión creciente sobre el sistema de pensiones. Según la norma, se establecerá un recargo en las cotizaciones para equilibrar el coste de que ciertos colectivos se jubilen antes, siempre que se cumplan criterios objetivos como altos índices de siniestralidad o bajas médicas frecuentes.
El procedimiento, que el ministerio había anunciado para febrero y luego para abril, sigue sin estar en marcha a finales de mayo. Aunque la tramitación podría alargarse hasta cuatro meses y la comisión técnica encargada de evaluar cada caso tiene un margen legal de seis, los sindicatos reclaman urgencia. “El retraso es injustificable. Y el coste que se pide es mínimo comparado con lo que se ahorraría en bajas de larga duración. No vamos a parar”, insistió Barragán.
La presión sindical se intensifica, y las organizaciones advierten que, si no hay avances inmediatos, no descartan convocar un conflicto sectorial sostenido.