Las instalaciones deberán estar adaptadas a la nueva normativa antes de 2023.
El pasado martes, el Gobierno de España aprobó un Real Decreto (RD 736/2020, de 4 de agosto) en el que se establece que las calefacciones centrales comunitarias deberán facturarse de forma individual. Hasta ahora, los propietarios de viviendas anteriores a 1998 (antes del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios-RITE) no pagaban por la energía que consumían, sino según su coeficiente de participación. Con la nueva normativa, se estima que más de un millón de hogares podrán ahorrarse hasta 210 euros al año.
No obstante, el principal objetivo de esta decisión es hacer frente a un procedimiento de infracción abierto a España por la Comisión Europea en 2019 por no promover la eficiencia energética. Esta minimización del impacto climático se enmarca en los Objetivos 2030 de la Unión Europea en materia medioambiental y energética.
La adaptación de la instalación a la nueva normativa se debe abordar desde las juntas de propietarios de los edificios. Si se trata de una instalación por anillos, solo será necesario colocar un contador para cada vivienda; si es por columnas, habrá que colocar un aparato medidor en cada radiador (repartidores de costes o válvulas termostáticas).
Para afrontar los gastos de instalación (en torno a los mil euros) el Gobierno concederá ayudas a familias en situación de vulnerabilidad económica.