El Gobierno de España aprobó ayer un real decreto que establece el procedimiento y los requisitos para otorgar compensaciones económicas a las víctimas del amianto. La normativa, impulsada por los ministerios de Inclusión, Sanidad y Transición Digital, entrará en vigor tres meses después de su publicación y contempla indemnizaciones de hasta 96.000 euros.
A partir del 18 de septiembre, se podrá iniciar la tramitación de estas compensaciones, según se recoge en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El decreto señala que su aplicación comenzará con las personas que ya tengan reconocida, de forma administrativa o judicial, una pensión de incapacidad permanente derivada de enfermedades causadas por la exposición al amianto.
Para otros casos, el texto especifica que los efectos dependerán de las previsiones establecidas en las futuras leyes de presupuestos generales del Estado. Entre estos se incluyen quienes cuentan con una indemnización pendiente de ejecución por sentencia judicial firme, quienes padecen patologías vinculadas al amianto en el ámbito laboral y los causahabientes de personas reconocidas con esta condición.