La crisis de personal que acusa el sector de la construcción, unida a la presencia de migrantes a los que el Gobierno no concede un permiso de trabajo, puede generar situaciones intolerables en las que se mezclan el abuso y la necesidad. Este es uno de tantos casos que suceden hoy en día en España y que unas veces se denuncian y otras veces no. Sucedió el pasado 12 de diciembre, cuando un empresario fue detenido por la Policía Nacional en La Línea de la Concepción, acusado de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de facilitar la inmigración irregular.
El caso se destapó en noviembre, cuando agentes de la Policía, en una operación rutinaria de identificación de personas y vehículos, interceptaron un automóvil con cinco ocupantes. Tras verificar su situación, descubrieron que tres de ellos se encontraban en España de manera irregular. Según las investigaciones, el empresario habría aprovechado esta circunstancia para emplearlos sin cumplir con la normativa laboral vigente, lo que ha llevado a imputarle los mencionados delitos.
Las inspecciones realizadas en las obras vinculadas a la empresa del detenido revelaron que los empleados no contaban con equipos de protección individual, exponiéndose a graves riesgos para su seguridad. Además, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades documentó que los trabajadores realizaban jornadas laborales de lunes a sábado, de 08:00 a 17:00 horas, percibiendo pagos en efectivo que oscilaban entre 50 y 80 euros diarios. Estos trabajos se llevaban a cabo sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, incumpliendo así la legislación laboral española.
El Juzgado de Instrucción número 5 de La Línea de la Concepción, que dirige el caso, ha decretado la libertad con cargos para el empresario detenido. La investigación, iniciada hace aproximadamente dos meses, continúa en curso para esclarecer los hechos. La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades, por su parte, subrayó la importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra este tipo de prácticas ilegales, consideradas un grave atentado contra los derechos laborales y humanos.