En los procesos de ejecución de los trabajos de arquitectura interior suelen sucederse múltiples incertidumbres. Proponemos una reflexión sobre algunos de los conflictos que se producen en lo referente al presupuesto para suministros y mano de obra, que tienen sus propios mecanismos de compromiso, evolución y resultado final (calidad y economía). A la hora de abordar una obra de arquitectura interior, a veces se da un entendimiento mutuo entre las partes implicadas, con buena voluntad y claridad a lo largo de todo el proceso. En estos casos, que serían lo deseable, se llega a buen fin, y puede incluso que las partes acaben por entablar una amistad o expresar agradecimiento. Pero los acuerdos no siempre son amistosos y conformes por ambas partes. Entonces pueden producirse situaciones muy diversas y, con bastante frecuencia, se viven acontecimientos desagradables para las participantes.
En el desarrollo de las obras suele mediar un acuerdo entre la parte promotora y la ejecutora. A veces se firma un contrato y otras veces se acepta un presupuesto firmado por la empresa o por ambas partes. Puede ser simplemente un acuerdo verbal que establezca las condiciones de ejecución y de pago. Este último, concretamente, es un modo de proceder que abunda en el caso de las obras particulares y en general en las obras de menor presupuesto.
Algunos de los conflictos asoman ya en el desarrollo de las obras cuando, a medida que avanzan, se observan aspectos (cualidades visuales y de distribución del espacio) que la parte promotora no acepta, bien porque sus preferencias no se habían definido con suficiente claridad antes de comenzar, bien porque la parte ejecutora no ha sabido resolverlas de modo satisfactorio. Estas situaciones generan un incremento de costes que alguien debe soportar.
Un motivo muy frecuente de estos conflictos es la falta de proyectos técnicos o de técnicos especializados que actúen con una buena previsión organizativa de las soluciones y los procesos implicados. Como la promoción desconoce los aspectos técnicos y de composición espacial, suele cargar sobre la parte ejecutora la responsabilidad de los desacuerdos, pretendiendo que sea ella quien solucione cuestiones que no corresponden a la mano de obra.
También ocurre que la falta de cualificación de los profesionales conduce a dificultades y a veces provoca el rechazo de la parte promotora, que puede acabar encontrándose con trabajos de mala calidad cuando, para evitar el correspondiente incremento de los honorarios, exige que otros cumplan funciones que son propias de los profesionales de la arquitectura interior. El verdadero ahorro y la calidad finales no se logran si no hay profesionales cualificados específicos a cargo de los servicios imprescindibles.
Las dificultades y los conflictos por pagos en las obras de arquitectura interior suelen tener que ver con dos aspectos fundamentales: la ausencia de profesionales especializados competentes para acometerlas y la mala fe profesada por alguna de las partes. En cualquier caso, ante una situación conflictiva, todas las participantes suelen salir perjudicadas.
Algunos profesionales, por ejemplo, teniendo ya avanzada la obra, descubren algún error en su evaluación inicial de costes y reclaman un incremento del presupuesto. Por lo general, suele ocurrir que la otra parte no acepte este incremento por considerarlo injustificado. También puede suceder que algunos operarios o empresas reciban alguna cantidad de dinero por adelantado y aprovechen para amenazar con el abandono de la obra para forzar la aceptación de los aumentos no previstos del presupuesto. En otros casos, hay quien entrega la obra sin los acabados adecuados o sin realizar todas las unidades previstas en el acuerdo inicial.
Por otra parte, puede ocurrir que las responsables promotoras parezcan fiables frente a la constructora, pero resulten no serlo. Puede suceder que vayan abonando correctamente los pagos iniciales, pero dejen de hacerlo en fases de la obra ya avanzadas. Así, van acumulando importes notables en las últimas liquidaciones, en la etapa final de las obras, además de incrementar numerosas unidades que van sumando a cargo de la constructora. Al hacer el recuento final, se pueden alcanzar cifras difíciles de soportar para la promoción, que puede decidir intentar evitar el cumplimiento de su obligación de pago.
Esa última situación puede ser el resultado de una estrategia: puede que algunas personas traten de inspirar confianza al comienzo, sabiendo de antemano que no piensan pagar el total al final. Suelen adoptar actitudes que retrasan las soluciones finales, apurando en lo posible el incremento de añadidos, que van siendo a cargo de la ejecutora. Llegado el momento de la resolución, cuando hay que pagar, se escudan en razones de mala calidad, poniendo en evidencia la labor de los gremios o resaltando detalles propios de los trabajos manuales, que suelen carecer de precisión. También pueden, simplemente, alegar motivos subjetivos o exigir cualidades que nunca habían manifestado en las premisas de valoración presupuestaria.
Las situaciones que se suelen producir son muy diversas y complejas. Cuando se deben, principalmente, a actitudes de mala fe por alguna de las partes o por ambas, se producen enfrentamientos que pueden conllevar pérdidas importantes para alguna de las litigantes. Estas disputas, consecuencia de la falta de sinceridad o de ética, pueden llegar a los juzgados y eso se traduce en que tardan largo tiempo en resolverse y en que todas las contendientes van a perder algo.
La falta de una orientación técnica especializada o de un correcto adiestramiento de los profesionales, la ambición por superar unas calidades que no se corresponden con las posibilidades o la capacidad adquisitiva de algunas promotoras y algunas respuestas indolentes en las relaciones humanas conducen a este tipo de conflictos una y otra vez. Ello ocasiona una incertidumbre frecuente en los profesionales autónomos y pequeñas empresas en lo referente a la contratación de obras e instalaciones, siendo motivo del fracaso de muchas inversiones y terminando, por lo general, en los tribunales de justicia.