El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha presentado un conjunto de 33 propuestas para impulsar de forma decidida la rehabilitación energética de edificios. Actualmente, esta actividad apenas alcanza al 0,15% del parque residencial cada año, una cifra que, según el colegio profesional, haría falta multiplicar de manera urgente si se quiere cumplir con el objetivo europeo de neutralidad climática en 2050. Toni Jaume, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Baleares, alertó de que al ritmo actual se necesitarían seis siglos para renovar el parque edificado.
Los administradores colegiados aseguraron que las comunidades de propietarios no cuentan con un marco legal, económico, técnico ni administrativo adecuado para afrontar reformas de eficiencia energética. Recordaron, además, que más del 42% de las 25,7 millones de viviendas en España fueron construidas antes de 1980, sin normativa alguna sobre aislamiento. Según indicó Peio Mendía, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra, en muchos de estos edificios persisten problemas graves como la condensación, que no están siendo abordados con suficiente urgencia.
Entre las medidas propuestas, el CGCAFE planteó establecer la obligatoriedad de contar con el Libro del Edificio Existente en formato digital y actualizable antes del 31 de diciembre de 2027. Este documento debería incluir el certificado energético del inmueble y detallar las intervenciones necesarias para alcanzar al menos una calificación energética D.
En el ámbito normativo, los administradores defendieron la necesidad de modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que determinadas mejoras energéticas en edificios sujetos a este régimen no dependan de la aprobación vecinal y pasen a ser obligatorias. A su juicio, el desarrollo normativo debería incluir criterios claros, plazos alcanzables y carácter obligatorio para romper el estancamiento que ha limitado históricamente la rehabilitación.
En materia económica, el consejo propuso crear una cuenta ahorro específica para rehabilitación energética, con ventajas fiscales y sin comisiones bancarias. Esta herramienta estaría ligada a un fondo obligatorio para comunidades, regulado en la legislación vigente, que facilitaría la financiación de las intervenciones.
El presidente del CGCAFE, Pablo Abascal, recalcó la importancia de que las subvenciones y campañas públicas sean claras, sencillas y estables. A su juicio, hasta ahora, los fondos europeos Next Generation han logrado cierta difusión gracias al interés mostrado por las entidades financieras, más que por una estrategia institucional estructurada.
Abascal también expresó preocupación por la incertidumbre que rodea al futuro de estas ayudas. La Unión Europea ha fijado junio de 2026 como fecha límite para que las obras financiadas estén finalizadas. Si no se cumplen los plazos, las comunidades beneficiarias tendrían que devolver los fondos. Ante este escenario, el CGCAFE ya contempla la posibilidad de solicitar al Gobierno que negocie una prórroga con Bruselas. Consideran que, sin un marco estable y sin amenazas de devolución, será difícil movilizar a los propietarios y activar el ritmo necesario de rehabilitación.